Juristas, mediadores, letrados, legistas, picapleitos y cansones. Esos son algunos de los términos y adjetivos que se suelen usar para definirlos, pero lo cierto es que la labor de los abogados en el sector público -en la sociedad, en general- es indispensable para lograr todos los cambios que proyectamos. Sin embargo, nos gustaría explicar por qué hay quienes los ven como una piedra en el zapato.
Desde una perspectiva bastante simplificada, un abogado es determinante para dar rienda suelta a cualquier proceso de selección de contratistas del estado, garantizando que se cumplan con todas las normas y reglamentos que apliquen en la entidad. Hasta ahí todo pinta bien, pero como la responsabilidad es inmensa, los abogados tienden a ser muy minuciosos para contener y evitar la ilegalidad en todos los trámites administrativos en los que estén implicados, por pequeños que estos sean.
¿Entonces dónde está el problema? A veces, trabajar para contener y evitar la catástrofe implica limitar creativamente a los equipos de trabajo. Los abogados no se centran en las buenas intenciones, estos ponen el foco en la irregularidad y los riesgos, razón por la que una conversación entre un grupo de servidores públicos podría verse así:
-Ve, ¿será que usamos el contrato de logística para organizar la jornada de vacunación?
-No se puede.
-¿Por qué?
-Porque el objeto de ese contrato es otro. Nos pueden investigar por eso.
-¡Pues lo cambiamos!
-No se puede, los recursos de ese contrato tienen otra finalidad.
-¿Entonces nos toca hacer otro contrato?
-Sí…
-Pero vení, ¿de cuánto tiempo estamos hablando?
-Depende de la modalidad del contrato, puede que tres o cuatro meses.
-En cuatro meses se acaba el año, ¿será que lo dejamos contratado para iniciar la vacunación en 2023?.
-Hmmm, difícil. Si es para el otro año tendríamos que esperar a que nos asignen el nuevo recurso.
-No jodás, entonces empezaríamos a vacunar como en abril y desde hace rato que nos comprometimos con eso. -No deberíamos comprometernos tanto…
Está bien, quizá estamos exagerando y no todos los servidores públicos tienen acento vallecaucano, ni se toman su trabajo con tanta ligereza. Para terminar nuestra reflexión les presentamos a Rubén, él es abogado de los buenos, caleño y otro de los fundadores de Licilab. Es el encargado de asesorar a las empresas que quieren contratar con el Estado y no tienen mucha experiencia.
“A los abogados históricamente se nos ha hablado mucho de leyes y normas, pero poco hemos aprendido sobre innovación, creo que esa es una de las claves para posicionarnos y destacar en cualquier escenario. Innovar no implica llevarle la contraria a la Ley y mucho menos hacer lo que el mandatario o jefe quiera que no apunte al cumplimiento del interés general, es encontrar nuevos caminos para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, cumpliendo las normas, por supuesto”.
Para ilustrar lo que plantea Rubén, hace cinco o seis años hablar de inclusión en compras públicas era bastante extraño, pero se podía. Por ejemplo, se podía utilizar los contratos que implicaran vinculación de personal para exigirle a las empresas que el 10% de sus trabajadores fueran madres cabeza de hogar. La Ley no lo exigía, pero tampoco lo impedía.
Hoy existe la Ley de Emprendimiento (2069 de 2020), la cual incentiva a las entidades públicas a establecer criterios de selección diferenciales para vincular empresas de mujeres o Mipymes. La reflexión es: estas leyes no son el resultado de una mente prodigiosa, son el resultado de ver un ejemplo de éxito y el deseo de replicarlo en el resto del país. Y, seguramente, ese caso de éxito fue producto de la innovación de un grupo de abogados.
Hoy, como hablamos de abogados, es posible que hayamos sido muy técnicos. Esperamos que esta breve reflexión haya motivado el deseo de innovar, tanto en servidores públicos como en empresarios. De esta manera, si se trata de innovar, nos complace compartirles que existe un Laboratorio de Licitaciones Abiertas para Colombia, lo llamamos Licilab y siempre estará dispuesto a ser su aliado.